La iniciativa fija estándares de calidad, límites de nicotina, restricciones de publicidad y sanciones para cigarrillos electrónicos, dispositivos sin nicotina y bolsas de nicotina.

El diputado Ricardo López Murphy presentó un proyecto que regula los sistemas electrónicos de administración de nicotina, sus variantes sin nicotina y las bolsas de nicotina. La propuesta incluye dispositivos, sus líquidos y accesorios, sin distinguir por contenido de nicotina. El objetivo es dejar atrás el esquema de prohibición vigente y establecer un régimen legal con requisitos técnicos, controles y obligaciones específicas.

La iniciativa requiere que los fabricantes e importadores informen al Ministerio de Salud la composición del producto, las habilitaciones correspondientes, el nivel de nicotina, los controles de pureza y la descripción técnica de cada dispositivo. También fija parámetros de seguridad, como límites de volumen para envases y tanques, y una concentración máxima permitida. En las bolsas de nicotina se fija un límite de 20 mg por unidad. Se prohíbe el uso de sustancias que sugieran beneficios para la salud o que resulten atractivas para menores.

El proyecto establece reglas estrictas para comercialización y empaque: prohibición de venta a menores de 18 años, exhibición restringida en comercios y verificación de edad en plataformas digitales. Los empaques deberán incluir advertencias sanitarias visibles, listado de ingredientes e identificación del fabricante, y no podrán contener imágenes, formas o personajes dirigidos al público infantil. También se limita el uso de sabores, excluyendo opciones asociadas a golosinas o bebidas energizantes.

En materia publicitaria, la iniciativa permite la difusión únicamente dirigida a mayores de 18 años, con advertencias sanitarias del 30% en cada anuncio y restricciones en medios, horarios y zonas frecuentadas por menores. El esquema sancionatorio prevé multas, decomisos y clausuras, actualizadas trimestralmente por el índice de precios. El proyecto incluye la derogación de las normas administrativas que actualmente prohíben estos productos y plantea un sistema de control legalizado y fiscalizable.