El organismo de control que tiene a su cargo el Registro Público de Comercio y los Registros de Asociaciones Civiles y Fundaciones, advirtió que la Asociación del Fútbol Argentino acumula ocho años sin aprobar balances y que busca mudarse a otra jurisdicción para evitar revisiones previas.

La Inspección General de Justicia (IGJ) evalúa abrir un sumario a la Asociación del Fútbol Argentino por presuntas irregularidades en sus estados contables. El titular del organismo, Daniel Roque Vítolo, confirmó que al asumir detectaron siete pedidos de aclaración pendientes entre 2017 y 2023. “Nunca contestó las vistas, nunca dio las aclaraciones”, afirmó, señalando que las rendiciones incluían “cifras globales no desagregadas” bajo rubros como “varios” u “otros gastos”. Según sus estimaciones, los montos sin detallar ascenderían a unos 111 millones de dólares convertidos al tipo de cambio correspondiente a cada año.

Vítolo aclaró que la IGJ no cuestiona la veracidad de los balances, sino la falta de precisión. “Nadie está diciendo que hayan sido incorrectos ni los está impugnando. Lo único que se pide es que expliquen las cifras, cómo están compuestas”, sostuvo. Y ejemplificó: “Si usted pone ‘selecciones nacionales’ por 40 millones de dólares, perfecto. Pero necesitamos que nos diga en qué se gastó: vuelos, hoteles, honorarios. Nadie duda que es costoso mover el fútbol. Lo que se pide es una explicación en grandes rubros”. Sin embargo, remarcó que la AFA “no ha contestado ninguna vista desde 2017”.

En paralelo, el funcionario cuestionó el intento de la AFA de cambiar su jurisdicción legal a la provincia de Buenos Aires, maniobra que, según explicó, impediría revisar los ejercicios anteriores. “Al cambiarse de jurisdicción es como si empezaran una vida nueva. La jurisdicción nueva no revisa lo anterior porque no es competente. Entonces estas explicaciones de ocho años no se dan”, afirmó. También recordó que la entidad “no tiene los estados contables aprobados desde el año 2017”.

Si bien descartó que exista una presunción penal sobre esta cuestión (“Nadie ha hablado de delito”), Vítolo confirmó que la falta de respuesta podría derivar en medidas más severas. “Ante la renuencia a explicar, podríamos tomar medidas para colocar una veeduría o iniciar una investigación”, advirtió, en medio de la tensión institucional entre el organismo y la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.