El artículo 12 del Presupuesto pone el foco en los fondos destinados a las universidades nacionales y establece nuevas condiciones para su asignación. El eje central de la medida es que las casas de estudio deberán cumplir en tiempo y forma con los requerimientos y mecanismos que define el Ministerio de Capital Humano para no ver afectado su presupuesto. De no hacerlo, se habilita la posibilidad de reducir o quitar directamente los fondos asignados.

Según se explicó en el análisis del articulado, el cambio apunta a reforzar los criterios de control sobre el uso de recursos públicos. En ese sentido, el periodista Antonio Laje remarcó que “lo que está pidiendo es que las universidades justifiquen los gastos que tienen”, y que la transferencia de fondos queda atada al cumplimiento efectivo de esos requisitos administrativos.

Durante la explicación, Laje también hizo referencia a las resistencias que genera la medida en algunos sectores. “¿Por qué te voy a transferir fondos si vos no me justificás los gastos? No, obviamente, lo tenés que justificar claramente. Pero ese es el cambio central. Lo que pasa es que nunca quisieron ser auditadas”, señaló, marcando el punto de conflicto que atraviesa el debate.

Finalmente, subrayó que el carácter público de las universidades no las exime de rendir cuentas. “Son públicas. Son de la gente. Se financia con el dinero de la gente. Tienen que dar explicaciones. Tienen que ser muy rigurosas”, se afirmó, al tiempo que se recordó que “hubo unas que nunca dieron y se usaron para financiar, por ejemplo, telenovelas”