Naranja Mandarina, un pequeño emprendimiento de ropa infantil de Junín, enfrenta un embargo superior a los $330 millones tras una sentencia que consideran “impagable”. La firma asegura que la relación con el demandante era sólo comercial y advierte que, si el fallo queda firme, deberán bajar la persiana.

Naranja Mandarina, una pyme familiar dedicada a la indumentaria infantil, atraviesa una crisis que amenaza su continuidad. Al igual que lo ocurrido con el restaurante Piegari, la marca bonaerense enfrenta un juicio laboral millonario que “amenaza con hacer desaparecer a la pyme familiar de Junín”. El conflicto comenzó en 2022, cuando un distribuidor inició una demanda asegurando que mantenía una relación laboral con la empresa y que se consideraba despedido. Los dueños, Mariana Cademartori y Sebastián Martino, sostienen que se trataba de “solo una relación comercial”, ya que operaba como proveedor externo.

Según la firma, durante tres años reunieron pruebas para acreditar que el demandante no era empleado. Sin embargo, “la búsqueda y la presentación de toda esa documentación durante tres años no alcanzó”, lamentaron. En junio, el Tribunal de Trabajo falló a favor del demandante y fijó una indemnización de “más de $14 millones”. Pero la cifra final se disparó por la aplicación de la doctrina “Barrios”, lo que elevó el monto “hasta superar los $190 millones”, una suma que la empresa define como “impagable”.

La situación se agravó en octubre, cuando la Justicia trabó “un embargo por $330 millones” sobre las cuentas de la empresa, paralizando su operatoria. “Se convirtió en un ‘campo minado’. Solo nos quedó Mercado Pago”, explicaron. La pyme afirma que hoy tiene dificultades para cobrar, que los cheques rebotan y que no puede planificar la próxima temporada. “No sabemos cómo sostener esta situación delicada y totalmente desesperante. Si la condena queda firme, nos veremos obligados a cerrar”, advirtieron los propietarios.

Mientras esperan que la Corte bonaerense revise el fallo y evalúe los recursos presentados, el negocio continúa funcionando con su local, venta online y tres empleadas a las que debieron reducirles la carga horaria. Con ventas que cayeron “40%” y una producción que bajó de 50.000 a 20.000 prendas anuales, la empresa también vinculó su caso al debate por la reforma laboral. “Se trata a las chicas como si fueran grandes, y no es lo mismo”, compararon, y cuestionaron: “La justicia laboral no es criteriosa. ¿A quién está protegiendo? Por enriquecer a un trabajador deja sin trabajo a otra”.