Mediante decisión administrativa, la administración nacional ha cancelado el fondo responsable de sufragar pasajes gratuitos en transporte público para personas con discapacidad e infantes diagnosticados con cáncer. A la vez, reafirmó que el derecho a la gratuidad continúa siendo válido y puede ser ejercido legalmente.

El Gobierno señaló que «las compensaciones previstas en actos normativos anteriores no cuentan con fundamentación presupuestaria ni legal suficiente para ser mantenidas». Este cambio implica una reformulación integral de cómo se financia este tipo de prestaciones.

El derecho a acceder al transporte sin pagar se mantiene plenamente vigente, enfatizó el Ejecutivo. Aunque se derogue el fondo que lo financiaba, la obligación estatal de hacerlo realidad no desaparece.

Colectivos que defienden a personas con discapacidad expresaron sus temores respecto a cómo esta transición podría afectar en la práctica el ejercicio del derecho. Manifestaron inquietud por posibles complicaciones administrativas que surjan en el proceso de implementación.

Normativas nacionales de rango superior han reconocido como derecho la movilidad sin costo para estos grupos que históricamente sufrieron exclusión social. Durante los últimos tiempos, esta prestación resultó decisiva para promover políticas de inclusión efectiva.

Las autoridades aclararon que la cancelación del fondo no representa la eliminación encubierta del derecho. Explicaron que el objetivo es optimizar la estructura de financiamiento para garantizar su sostenibilidad futura.

En los próximos tiempos se revelarán los detalles acerca de cómo se financiará alternativamente este derecho tras la derogación del fondo anterior.

Imagen: Valentin Sarte / Pexels – Con informacion de La Nación