El director ejecutivo del PAMI explicó que el caso del cardiólogo de Acebal, que derivó en una causa penal por fentanilo y morfina, se detectó gracias a las auditorías permanentes que realiza el Instituto.

Leguízamo explicó que los desvíos aparecen porque en esta gestión, el Instituto retomó los controles sistemáticos sobre las prestaciones: «A raíz de que nosotros revitalizamos toda la gerencia de auditoría y empezamos a hacer todos estos controles, empiezan a aparecer todos estos desvíos que básicamente se puede resumir en que son prestaciones que se cobran y que no eran realmente dadas».

El director de PAMI enmarcó esa decisión en la responsabilidad de cuidar los recursos del organismo: «PAMI ahora audita y controla todas las prestaciones que realizan los diferentes efectores y prestadores porque creemos que es lo que corresponde, porque sabemos que los presupuestos son finitos y a veces las demandas son infinitas».

Sobre el caso puntual, Leguízamo precisó que el profesional «había fraguado y había dado prestaciones a personas que ya habían fallecido», y agregó: «ha hecho prestaciones a un afiliado, sí, que había fallecido y que tampoco era de esa jurisdicción, era de Córdoba, como prestaciones que exceden el límite de atención que tiene una persona».

A esas irregularidades se sumó, en el marco de la causa judicial, el hallazgo de ampollas de fentanilo ya utilizadas y de clorhidrato de morfina, además de insumos que, según los fiscales, habrían sido desviados del canal lícito de comercialización. Leguízamo se refirió a ese punto como un agravante: «tenemos ese agravante también, también se encontró todo eso, entonces la verdad que ya tomó un cariz la denuncia que ya es muy importante».

Por último, aclaró que no se trata de una práctica generalizada: «son 8.000 médicos de cabecera que tenemos, entonces no son los 8.000», y subrayó que el Instituto ya dispuso «70 bajas de contratos de otras irregularidades».