El fiscal Eduardo Taiano impulsa investigar a María Soledad Calle por presunto lavado de dinero, además de la causa por supuesto fraude contra la UOM. La pesquisa busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir por unos US$190.000 el inmueble ubicado debajo del departamento donde Cristina Kirchner cumple su condena. También están bajo la lupa el uso de un BMW valuado en unos US$70.000, un Peugeot 3008, una docena de viajes al exterior y dos propiedades en Zárate.

El fiscal federal Eduardo Taiano impulsa ampliar la investigación sobre María Soledad Calle, dirigente vinculada a La Cámpora, para determinar si pudo existir lavado de activos en el marco de la causa iniciada por un presunto fraude contra la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Uno de los principales puntos bajo análisis es la adquisición por aproximadamente US$190.000 de un departamento en el primer piso de San José 1111, inmediatamente debajo del inmueble donde Cristina Kirchner cumple su condena de seis años de prisión por la causa Vialidad.

La investigación busca establecer el origen de los fondos utilizados para esa operación y si existe una explicación económica documentada para los bienes y movimientos atribuidos a Calle. A la compra del departamento se suman el uso de un BMW M135 xDrive valuado en unos US$70.000, un Peugeot 3008, dos propiedades en Zárate y viajes realizados al exterior.

La causa está a cargo del juez federal Julián Ercolini y se originó a partir de una denuncia por supuesto fraude contra la UOM. A pedido del fiscal Taiano, en marzo fue allanada la sede nacional del sindicato en el marco de la investigación sobre un contrato celebrado entre la organización gremial y USEM, sociedad en la que Calle figura como directora suplente.

Los denunciantes solicitaron ahora ampliar el objeto de la causa para determinar si existieron posibles maniobras de lavado de activos y pidieron el allanamiento del departamento de San José 1111.

Ante las acusaciones, Calle negó irregularidades y aseguró que se trata de una disputa sindical y de poder. La existencia de un delito y el eventual origen ilícito de los fondos no están determinados y forman parte de los hechos que busca esclarecer la Justicia.