El Gobierno otorgó al Reino Unido un plazo de dos semanas para adoptar medidas que impidan el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos vinculada a Sea Lion. Si no obtiene respuesta, Argentina anunció que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar e inició los pasos para un arbitraje bajo la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Además, ordenó avanzar con procedimientos sancionatorios y denuncias por operaciones aéreas vinculadas a las islas que, según el Gobierno, no contaban con autorización argentina.

El Gobierno nacional anunció nuevas acciones jurídicas y diplomáticas frente al Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto Sea Lion. La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente de la República Argentina.

El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Según el comunicado oficial, el objetivo es impedir la explotación que la Argentina considera ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la zona.

Como parte de la medida, la Argentina intimó formalmente al Reino Unido y le otorgó un plazo de dos semanas para que adopte las acciones necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades destinadas a la explotación de esos recursos.

En caso de que el Reino Unido no cumpla con el requerimiento dentro del plazo establecido, el Gobierno anunció que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales destinadas a preservar los derechos soberanos que la Argentina reclama sobre su Plataforma Continental.

El Ejecutivo fundamentó su posición en las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La segunda instó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso recomendado por la Asamblea General.

El comunicado también informó medidas vinculadas con THALES UK LIMITED. Según la Presidencia, se detectaron operaciones realizadas por esa empresa en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas.

Ante esa situación, Milei ordenó a los equipos del Gobierno iniciar los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, además de avanzar con las gestiones diplomáticas pertinentes.

De esta manera, el Gobierno abrió una nueva instancia jurídica en torno a la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y estableció un plazo de dos semanas para que el Reino Unido responda al requerimiento argentino antes de solicitar medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.