El Gobierno argentino acudió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, Alemania, para solicitar que se frene el proyecto Sea Lion, que prevé perforar 23 pozos petroleros en la Cuenca Malvinas Norte a partir de 2027. El objetivo es evitar daños irreversibles al fondo marino y proteger los derechos argentinos sobre los recursos naturales de la zona.
Argentina también solicitó que el Reino Unido no otorgue nuevos permisos petroleros ni utilice información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos. La presentación se suma al arbitraje internacional iniciado el 28 de septiembre y busca obtener medidas urgentes mientras se conforma el tribunal que deberá analizar la controversia.
El Gobierno nacional presentó el 13 de octubre un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, para impedir el avance del proyecto petrolero británico Sea Lion, previsto en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
La solicitud se realizó en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y está vinculada con el procedimiento arbitral que Argentina inició contra el Reino Unido el 28 de septiembre de 2026, bajo el Anexo VII de ese tratado.
El reclamo busca que el Tribunal ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos. También solicita que no se utilice información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos, que no se obstaculicen las obligaciones de protección del medio marino y que se eviten nuevas autorizaciones que puedan agravar la controversia.
La presentación se fundamenta en la necesidad de proteger los recursos naturales y preservar el medio marino, ante el riesgo de daños irreversibles asociados a las perforaciones. El artículo 290, párrafo 5, de la CONVEMAR permite solicitar medidas provisionales urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de analizar la controversia.
Un aspecto central es que este procedimiento no busca resolver la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, sino proteger los derechos que Argentina invoca sobre la plataforma continental, sus recursos naturales y el medio marino. La controversia territorial continúa pendiente entre ambos países.
La iniciativa recibió el respaldo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que apoyó la decisión de recurrir a mecanismos internacionales para resolver pacíficamente la controversia. En el mismo sentido, el Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur (COADEM) acompañó la declaración y destacó la importancia de utilizar las herramientas jurídicas previstas por el derecho internacional.
El reclamo argentino también cuenta con un antecedente relevante: en 2015, durante una controversia marítima entre Ghana y Costa de Marfil, el Tribunal del Mar dispuso medidas provisionales para impedir nuevas perforaciones en un área en disputa.
Con esta presentación, Argentina busca detener el avance del proyecto Sea Lion mediante herramientas jurídicas internacionales, mientras continúa el procedimiento arbitral contra el Reino Unido. El Tribunal deberá evaluar la solicitud y determinar si corresponde disponer las medidas provisionales reclamadas.





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