Guillermo Quiroga, dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), sindicato que representa a trabajadores del sector público, está acusado de presunta administración fraudulenta por maniobras que habrían ocurrido entre 2019 y 2023. La investigación apunta a transferencias de dinero desde cuentas del gremio hacia cuentas personales del acusado y de integrantes de su entorno familiar. Según la acusación fiscal, los movimientos investigados superaban originalmente los $22 millones, con un valor actualizado estimado en más de $500 millones.

Tras finalizar la etapa de presentación de pruebas y testimonios, la Justicia fijó para el 3 de noviembre los alegatos finales ante la jueza Karina Breckle, en Rawson. Concluidas las exposiciones de la Fiscalía, las querellas y la defensa, el proceso quedará encaminado hacia el veredicto que determinará la responsabilidad penal de Quiroga.

El juicio oral contra Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, ingresó en su etapa decisiva. El dirigente sindical está acusado de presunta administración fraudulenta por hechos que, según la investigación, habrían ocurrido entre agosto de 2019 y mayo de 2023.

La causa investiga posibles irregularidades en el manejo de fondos pertenecientes al sindicato, entre ellas transferencias que, de acuerdo con la acusación, habrían beneficiado al propio dirigente y a personas de su entorno familiar.

El debate oral comenzó el 19 de octubre y se desarrolló durante varias jornadas en las que declararon testigos vinculados con movimientos bancarios, compras, viajes y contrataciones de servicios. También intervino un perito contador para analizar documentación incorporada al expediente.

La acusación está a cargo del fiscal Lucas Papini, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP). En el proceso también participan dos querellas, mientras que la defensa de Quiroga está representada por el abogado Oscar Romero.

Una vez concluida la producción de pruebas, la Justicia estableció el martes 3 de noviembre como fecha para los alegatos finales. Durante esa audiencia, la Fiscalía y las querellas expondrán sus conclusiones y pedidos, mientras que la defensa presentará sus argumentos ante la jueza Karina Breckle.

El delito de administración fraudulenta, contemplado en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal, se vincula con situaciones en las que una persona encargada de administrar bienes ajenos habría provocado un perjuicio patrimonial mediante el incumplimiento de sus obligaciones.

La audiencia del 3 de noviembre será el paso previo al veredicto, que deberá establecer si existió responsabilidad penal por los hechos investigados. Hasta que se dicte una sentencia, Quiroga mantiene su presunción de inocencia.