Bajo la premisa de que el déficit cero es innegociable, los funcionarios del Poder Ejecutivo no recibirán aumentos si hay desequilibrio y el Congreso tendrá un plazo estricto para corregir las cuentas. De persistir los números en rojo, la clase política dejará de cobrar sus salarios.

En un nuevo paso para blindar el programa económico y profundizar la premisa de que «el costo lo paga la política», el Poder Ejecutivo ultima los detalles de un proyecto de ley que busca prohibir por norma el déficit fiscal y condicionar directamente los ingresos de la dirigencia política al estado de las cuentas públicas.

La medida, ratificada en los últimos discursos del presidente Javier Milei, plantea un mecanismo automático de penalización para los tres poderes del Estado en caso de desvío presupuestario, estableciendo un esquema donde el equilibrio fiscal pasa a ser un requisito innegociable para el cobro de haberes.

Sin aumentos para el Ejecutivo y ultimátum al Congreso

El corazón de la propuesta ataca dos frentes simultáneos dentro de la administración pública:

• Poder Ejecutivo sin aumentos: Los funcionarios políticos de la administración central quedarán con sus ingresos congelados de forma automática ante cualquier indicio de déficit. No podrán percibir incrementos salariales ni actualizaciones mientras las cuentas de la Nación no registren superávit o paridad estricta.
• Plazo estricto para el Legislativo: En caso de que las cuentas nacionales registren números en rojo durante varios meses consecutivos, se activará un «reloj institucional». El Congreso de la Nación tendrá un plazo de pocas semanas para debatir, reasignar partidas y aprobar los ajustes necesarios que devuelvan el equilibrio al Presupuesto.

«Si la política no logra ordenar las cuentas del Estado, la política no cobra.» Esta es la máxima que busca institucionalizar el proyecto para alinear los incentivos de la clase dirigente con la estabilidad macroeconómica.

La sanción máxima: suspensión total de haberes

La cláusula más severa del proyecto establece que, si transcurrido el plazo otorgado el Congreso no logra sancionar las correcciones fiscales para eliminar el déficit, se suspenderá de forma directa el cobro de salarios y dietas para los altos funcionarios del Ejecutivo y los legisladores nacionales.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca no solo enviar una señal contundente a los mercados internacionales sobre la irreversibilidad del ancla fiscal, sino también trasladar el costo del ajuste a la propia estructura política en caso de crisis o falta de consensos legislativos.

El proyecto de ley ingresará en los próximos días al Congreso, donde se anticipa un acalorado debate sobre la constitucionalidad de la medida y los límites de la responsabilidad administrativa.