El fondo creado por ley para combatir inundaciones está siendo utilizado para financiar gastos generales del Estado, en lugar de ejecutarse en obras de prevención y contención. Esta situación evidencia un desfase entre lo que la normativa legal prescribe y cómo se gestiona efectivamente el dinero público.

El capital existe y está disponible para ser empleado. Lo falta es la disposición de utilizarlo según lo establecido en la legislación vigente. Así lo muestran evaluaciones sobre el destino real de estos recursos en períodos recientes.

Este fenómeno obedece a las presiones fiscales que enfrentan las administraciones públicas. Cuando hay necesidad de financiar el funcionamiento general del Estado, fondos que estaban etiquetados para fines específicos suelen ser reasignados. En consecuencia, la prevención de inundaciones queda rezagada mientras otros compromisos presupuestarios avanzan.

El resultado es lo que se describe como «superávit de maquillaje» frente a un «déficit de obras». La gestión se comunica como exitosa, pero los proyectos concretos no se ejecutan. Los territorios que deberían beneficiarse de infraestructuras preventivas siguen esperando mientras los anuncios se suceden.

Las poblaciones en zonas propensas a anegamientos son quienes más sufren esta desconexión. Sin sistemas de drenaje modernizados, obras de contención efectivas o infraestructuras de mitigación de riesgos, estas comunidades permanecen vulnerables ante eventos climáticos extremos. Las inundaciones recurrentes en diversas regiones del país demuestran que las soluciones siguen siendo pospuestas.

Esto plantea un debate sobre las prioridades estatales y la implementación de políticas públicas. Cuando fondos específicamente destinados a un fin son desviados sin ejecutar el mandato legal correspondiente, se genera un vacío que afecta la capacidad del Estado para resolver problemas estructurales que impactan en territorios completos.

Imagen: Kindel Media / Pexels – Con informacion de Clarín Rural