La relación entre préstamos en dólares y volúmenes de depósitos alcanzó su punto más elevado desde 2019, en medio de una estrategia oficial que busca consolidar al dólar como eje del financiamiento. La flexibilización de regulaciones refleja las dificultades crecientes que enfrenta el crédito en pesos para dinamizar la economía.

Este movimiento se inscribe en un reconocimiento implícito: el sistema crediticio tradicional en moneda local padece limitaciones que le impiden cumplir su rol de financiar actividad económica. La vía dolarizada emerge, entonces, como alternativa para desbloquear operaciones que de otro modo permanecerían suspendidas.

Desde la óptica de quienes buscan financiamiento, los beneficios son innegables. Empresas encuentran recursos para inversión y capital de trabajo. Hogares acceden a financiamiento para consumo. Toda una gama de transacciones que huían hacia lo informal pueden ahora canalizarse formalmente. El efecto es reactivador en el corto plazo.

Pero la otra perspectiva invita a la prudencia. El endeudamiento en dólares introduce una variable sobre la cual los deudores tienen escaso control: el tipo de cambio. Una devaluación del peso amplifica automáticamente la carga de deudas denominadas en divisas. Para la mayoría de los tomadores de crédito, cuyos ingresos se generan en pesos, esto constituye un riesgo material.

La pregunta pendiente es si este ritmo ascendente persistirá. Los factores que determinarán la respuesta incluyen la trayectoria del tipo de cambio, la solidez que inspire la política macroeconómica, la disponibilidad de dólares y, fundamentalmente, la capacidad efectiva de los deudores para servir sus obligaciones.

El Gobierno aparentemente está priorizando el alivio inmediato frente a las restricciones crediticias, pero el modelo descansa sobre supuestos que no son garantizados. La sostenibilidad de esta estrategia requiere no solo flexibilización normativa sino también estabilidad macroeconómica de base.

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